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La presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores han reiterado en los últimos días que cualquier cooperación bilateral en materia de seguridad debe respetar la soberanía nacional, la integridad territorial y las leyes mexicanas, luego de que se difundiera un documento interno del Departamento de Estado de Estados Unidos que evalúa acciones más agresivas contra organizaciones criminales dentro del territorio nacional, algunas de ellas de forma unilateral.
El reporte, filtrado al medio estadounidense NewsNation por la periodista Ali Bradley, considera a los cárteles mexicanos como una amenaza para la seguridad y protección de Estados Unidos y plantea distintos escenarios para enfrentarlos. Entre las alternativas enumeradas aparecen opciones que implicarían una participación directa de autoridades estadounidenses en suelo mexicano, lo que ha encendido las alertas del gobierno federal mexicano.
Entre las opciones señaladas en la ficha informativa figuran acusaciones formales en cortes de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, así como operativos contra laboratorios de drogas y la detención de integrantes de grupos criminales que operan en territorio nacional, incluso sin aviso previo al gobierno de México. El documento también menciona la posibilidad de que fuerzas militares estadounidenses realicen acciones unilaterales contra supuestos narcotraficantes, tanto en México como en zonas del Caribe y el Pacífico.
Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno estadounidense ha confirmado de manera oficial la realización de operativos militares de esa naturaleza dentro del país. La difusión del reporte, sin embargo, ocurre en un contexto de mayor presión de Washington hacia el gobierno mexicano para reforzar las acciones contra el narcotráfico, y poco después de la gira del secretario de Estado, Marco Rubio, por Colombia, Ecuador y Perú, donde se abordaron asuntos de seguridad regional.
La Cancillería respondió a NewsNation que los principios que rigen la cooperación bilateral en materia de seguridad “permanecen sin cambios”. Señaló que cualquier colaboración debe sustentarse en el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la responsabilidad compartida pero diferenciada, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación, ejes que la presidenta Sheinbaum ha defendido de manera consistente desde el inicio de su administración.
La dependencia recordó que, conforme a la Constitución y las leyes mexicanas, las agencias y agentes extranjeros no pueden realizar operaciones en territorio nacional. Por ello, insistió en que el respeto al Estado de derecho resulta indispensable para construir una relación bilateral de seguridad duradera, en línea con la política exterior del gobierno federal que prioriza la coordinación entre instituciones y descarta cualquier forma de intervención de terceros.
La ficha informativa también cita una encuesta aplicada a mil adultos mexicanos por una empresa local de investigación, según la cual una mayoría de los encuestados respaldaría varias de las medidas planteadas por Washington. Entre las acciones con mayor apoyo aparecen las acusaciones contra funcionarios presuntamente vinculados al narcotráfico, así como los operativos contra laboratorios y líderes de organizaciones criminales, incluso sin notificación previa a las autoridades mexicanas.
El documento incluye un mapa con las zonas de operación de distintas organizaciones criminales en México y menciona de manera específica al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a los que describe como dos de las principales estructuras con presencia en el país. La ficha les atribuye actividades de producción y tráfico de drogas, homicidios, secuestros y enfrentamientos entre organizaciones rivales, e incluye referencias a videos que, según el reporte, mostrarían a integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima y a supuestos miembros de la unidad de drones del CJNG utilizando dispositivos aéreos.
Entre los hechos recientes de violencia citados por el Departamento de Estado se encuentra el atentado con coche bomba del 30 de agosto frente a una instalación policial en Zacatecas, que de acuerdo con el documento sería el tercer ataque con explosivos contra fuerzas policiales en menos de una semana en esa entidad. La ficha utiliza estos hechos como parte de la descripción de la capacidad operativa y presencia territorial de las organizaciones criminales en el país.
El análisis del Departamento de Estado tiene implicaciones directas para entidades fronterizas como Sonora, donde el gobernador Alfonso Durazo ha impulsado una estrategia de seguridad basada en la coordinación con el gobierno federal, el fortalecimiento de las instituciones locales y una estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas. La frontera Sonora-Arizona, una de las más dinámicas del país, ha sido escenario de decomisos millonarios y operativos coordinados entre autoridades mexicanas y estadounidenses en los últimos meses, en un esquema que las autoridades estatales insisten en mantener bajo los principios de soberanía y cooperación sin subordinación.
Aunque el documento plantea distintos escenarios de intervención, su contenido corresponde a una ficha interna filtrada y no constituye, por sí mismo, un anuncio oficial de operaciones de Washington en territorio mexicano. Por ahora, la posición del gobierno federal es que cualquier acción de seguridad de Estados Unidos en suelo nacional debe ajustarse a la legislación mexicana y llevarse a cabo bajo mecanismos bilaterales que respeten la soberanía del país.
Con información de serpientesyescaleras.mx.
