Ciudad de México, septiembre 27.- El Senado de la República avanzó en el análisis de una iniciativa presidencial que busca sancionar penalmente el uso comercial fraudulento de la identidad gráfica de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno. La propuesta, enviada al Congreso en mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo cumplir con los compromisos del Capítulo 20 del T-MEC en materia de protección a la propiedad intelectual y combate a la suplantación de dependencias oficiales con fines ilícitos.
El dictamen fue avalado el pasado 23 de septiembre por las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera, con 34 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. La modificación principal consistió en reducir el rango de la pena de prisión, que en el texto original oscilaba entre tres y siete años, para quedar ahora en un mínimo de uno y un máximo de cinco años, además de multas que van de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
De acuerdo con el proyecto, el delito se configurará cuando alguien reproduzca, imite o incorpore logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales de dependencias federales, estatales o municipales con el propósito de hacerlos pasar como auténticos y cometer un ilícito vinculado con ese origen aparente. Para acreditar la conducta, la autoridad ministerial deberá demostrar que la operación se realizó a escala comercial, con intención de engañar y con la finalidad de obtener un beneficio mediante el engaño.
El senador de Morena Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo durante la discusión que las modificaciones al artículo 403 Bis buscan evitar interpretaciones que presenten el proyecto como una sanción contra la crítica política o el humor. Corral explicó que el delito solo se configura ante el uso de elementos institucionales para inducir al error sobre el carácter oficial de una comunicación, plataforma o servicio, y descartó que la redacción alcance a publicaciones de carácter satírico.
En el mismo sentido se pronunció el senador morenista Manuel Huerta, quien llamó a leer con detenimiento el contenido del dictamen. Según explicó, el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial sanciona el uso, reproducción o imitación de la identidad gráfica institucional, dominios o documentos oficiales únicamente cuando se utilizan para inducir al error o engaño con intención de cometer un ilícito. El legislador sostuvo que esa redacción es muy distinta a sancionar la sátira o la crítica política.
Corral agregó que el proyecto sustituye la expresión “ánimo de lucro” por “escala comercial” para facilitar la acreditación de las conductas mediante elementos objetivos, lo que permitiría perseguir operaciones que imiten comunicaciones gubernamentales o utilicen recursos institucionales con fines fraudulentos, como páginas falsas que simulen trámites públicos o esquemas digitales que busquen obtener dinero o datos personales a partir del engaño.
Senadores de la oposición han expresado dudas sobre la redacción y han solicitado que se aclaren los alcances de conceptos como “escala comercial”, “inducir al error” e “impacto perjudicial”, al considerar que su interpretación podría generar criterios discrecionales. La legisladora panista Lilly Téllez manifestó en redes sociales su preocupación de que la reforma pueda utilizarse contra caricaturistas y creadores de contenido. Tanto el bloque mayoritario de Morena como el gobierno federal han reiterado que la iniciativa no tiene como propósito sancionar la crítica ni el humor, sino combatir el fraude y la suplantación con fines ilícitos.
En Sonora, la reforma cobra relevancia si se considera que el gobierno estatal, encabezado por Alfonso Durazo, ha impulsado una estrategia de transformación digital que incluye plataformas de trámites, ventanillas electrónicas y servicios en línea para la ciudadanía. Especialistas en propiedad intelectual consultados en Hermosillo señalan que la actualización del marco legal ayudaría a blindar los canales oficiales de los tres niveles de gobierno frente a intentos de suplantación, al establecer criterios claros para perseguir sitios web, perfiles falsos o documentos apócrifos que pretendan hacerse pasar por dependencias públicas con fines de fraude. El dictamen será discutido en el pleno del Senado en las próximas semanas, antes de pasar a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación.
Con información de Tribuna Económica.
