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Sectores productivos de la gallística, la tauromaquia y la ganadería solicitaron al Senado de la República no avanzar en la dictaminación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales sin antes escuchar a los directamente involucrados y dimensionar las consecuencias económicas, sociales y culturales que sus disposiciones podrían generar en el país.
De manera conjunta, estas actividades representan más de 2 millones 500 mil empleos directos e indirectos en el territorio nacional, así como una derrama económica superior a 170 mil millones de pesos, de acuerdo con los datos presentados por los propios representantes del sector durante la conferencia de prensa en la que hicieron pública su petición. La cadena productiva, argumentaron, sostiene vínculos estrechos con el campo, la ganadería, el comercio, los servicios y el turismo en distintas regiones del país, además de dinamizar economías locales en municipios medianos y rurales donde estas industrias representan una fuente primordial de ingreso y de cohesión social.
A pesar de esa dimensión económica, social y cultural, los inconformes señalaron que sus representantes no han sido tomados en cuenta en la discusión de una legislación que puede afectar el sustento de miles de familias, así como actividades que actualmente son legales y el ejercicio de libertades individuales y colectivas reconocidas en el marco constitucional. Señalaron que la legislación propuesta avanza en el Senado sin incorporar la voz de quienes dependen directa o indirectamente de estas actividades, lo que calificaron como una omisión grave dentro del proceso legislativo.
“No buscamos frenar una legislación en materia de bienestar animal. Lo que exigimos es participar en una discusión que tendrá consecuencias para nuestros sectores. Representamos empleos, actividad económica, comunidades, tradiciones y formas de vida que forman parte de México. No se puede legislar sobre nosotros sin escucharnos”, expresó Manuel Sescosse, presidente de Tauromaquia Mexicana, al leer el posicionamiento del bloque de productores y organizadores del sector.
La relevancia de la gallística, la tauromaquia y la ganadería, según los firmantes del llamado, trasciende con mucho el ámbito de los espectáculos y las plazas. Sus cadenas de valor incluyen a ganaderos y criadores, trabajadores del campo, médicos veterinarios, transportistas, artesanos, proveedores de insumos, personal administrativo y de mantenimiento de recintos, comerciantes y prestadores de servicios, además de profesiones técnicas como jueces, operadores, administradores y personal logístico. Estas cadenas, agregaron, dan empleo a miles de familias en todo el país y forman parte de expresiones culturales con presencia histórica en estados como Sonora, donde las tradiciones pecuarias y de plaza conservan un papel central en la vida comunitaria.
La petición se dirige específicamente a la Cámara de Senadores, que preside el petista Gerardo Fernández Noroña, en un momento en el que la bancada oficialista de la cuarta transformación impulsa diversas iniciativas en materia de protección animal como parte de la agenda legislativa del periodo ordinario. El bloque, integrado por organizaciones de criadores, ganaderos, empresarios taurinos, médicos veterinarios y representantes de plazas, insistió en que cualquier dictamen debe considerar la instalación de mesas de trabajo con los sectores productivos, así como la elaboración de estudios de impacto económico y social antes de proceder a su aprobación en el pleno. Advirtieron, además, que una eventual prohibición o restricción severa a estas actividades podría abrir un frente de conflicto legal, económico y social para el Estado mexicano, además de impactar de manera negativa en la recaudación fiscal de entidades federativas donde estas industrias tienen una presencia relevante.
En Sonora, la discusión legislativa tiene un componente adicional particularmente sensible para la entidad. Sonora ocupa uno de los primeros lugares nacionales en producción ganadera y cuenta con una amplia red de municipios donde las actividades pecuarias, las fiestas populares con presencia de toros y gallos, las exposiciones regionales y los trabajos de campo vinculados a la charrería sostienen una parte importante del empleo rural y de la identidad cultural de pueblos como Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Alamos, Cananea y la Sierra Alta. Cualquier reforma en la materia, advierten los afectados, podría traducirse en ajustes a esa dinámica económica regional y poner en riesgo fuentes de empleo vinculadas a la cadena de valor pecuaria, una de las más consolidadas en el norte del país.
Por lo pronto, los convocantes solicitaron formalmente al Senado la apertura inmediata de mesas de diálogo y la conformación de un grupo técnico plural que revise los alcances de la iniciativa, mientras distintos actores sociales, productivos y académicos del país han comenzado a pronunciarse en torno al tema en las últimas semanas. La discusión legislativa de la Ley General en Materia de Bienestar Animal se mantiene en comisiones y, según lo expresado por los propios representantes del sector, su aprobación en el pleno no debería avanzar mientras no se incorporen las observaciones planteadas y se garantice un proceso de transición que contemple a las familias y trabajadores que dependen de estas actividades.
Con información de Al Toro México.
