Para evitar que se repita la triangulación de recursos federales, como la que realizaron las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario a través de universidades públicas estatales, la fracción parlamentaria de Morena presentará esta semana una iniciativa de ley para que todos los contratos con terceros o entre dependencias sean firmados por sus titulares.
En el sexenio pasado las adjudicaciones directas fueron firmadas por subordinados, con las que se autorizó la transferencia de fondos a empresas fantasma y, al mismo tiempo, los secretarios quedaron sin responsabilidad. Aun así, el Congreso dejó congeladas varias iniciativas para evitar este tipo de corrupción, conocida por una investigación periodística como la estafa maestra.
“Si antes no hubo condiciones para esta reforma, hoy no hay excusa. Nunca más un caso como el de Rosario Robles (ex titular de la Sedatu). Basta de simulaciones”, expresó el diputado Carol Antonio Altamirano, quien propuso la iniciativa en cuestión.
En ésta se recuerda que cualquier contrato a empresas debe realizarse mediante licitación pública, pero en el gobierno anterior “diversas entidades evitaron realizarlas y firmaron contratos con organismos públicos, sin la autorización expresa de los secretarios, con escasas sanciones en caso de incumplimiento y se permitió la subcontratación a terceros”.
Además refiere que se abusó del esquema de excepción de licitación de obra, lo que permitió “la discrecionalidad y la elusión de la responsabilidad de los funcionarios que la promovieron”.
Antonio Altamirano recordó que desde 2017 se presentaron tres iniciativas para acotar la firma de contratos a empresas fantasma, pero ninguna prosperó ante la oposición del PRI.
“El combate a la corrupción ha sido un tema recurrente en su denuncia, pero lamentablemente no se ha avanzado en su eliminación frontal.
“Si las mismas prácticas denunciadas por años se reditan y los márgenes de discrecionalidad no son atacados, las malas prácticas se mantienen y se repiten”, expresa en su propuesta.
Desde el 9 de mayo de 2017, la Comisión especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal presentó una propuesta, en el sentido de modificar las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas y evitar la triangulación de recursos, pero no se atendió.
La iniciativa propuesta por el legislador oaxaqueño plantea modificar ambas leyes para definir que “será el titular de la dependencia o entidad contratante quien suscriba, como facultad indelegable, los contratos correspondientes; además tendrá la obligación de cerciorarse fehacientemente que la entidad pública contratada cuenta con capacidad técnica… o, en su defecto, de que ésta no subcontrate más de 49 por ciento de los trabajos”.
