El primer y segundo tribunales colegiados en materia administrativa dieron la razón a ocho comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM) y ordenaron a los jueces que acepten el amparo que interpusieron en febrero pasado contra la consulta ciudadana efectuada por el gobierno federal para resolver sobre la viabilidad del PIM, ante la posibilidad de que se hayan violentado sus derechos.
De acuerdo con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, el acto reclamado de las comunidades es la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de tomar decisiones sobre el proyecto mediante una consulta pública.
