El distrito de desarrollo de Presidio, una comunidad texana de poco más de 3.200 habitantes ubicada junto a la frontera con México, interpuso una demanda ante un tribunal federal en Washington para detener los planes del gobierno del presidente Donald Trump de construir un muro fronterizo que atravesaría el sistema de diques que protege a la localidad de inundaciones repentinas a lo largo del río Bravo.
La audiencia se celebró mientras el Departamento de Seguridad Nacional impulsa un plan de 46.000 millones de dólares para completar la barrera fronteriza entre el océano Pacífico y el Golfo de México, cumpliendo así una promesa emblemática de la administración. Sin embargo, el departamento se enfrenta a la oposición de propietarios de tierras, grupos ambientalistas y tribus indígenas, quienes advierten que la construcción acelerada pone en riesgo sitios históricos, religiosos y la forma de vida de las comunidades que habitan a lo largo de la frontera.
Los abogados del distrito de Presidio sostienen que los planes del gobierno federal podrían comprometer el sistema de diques construido entre las décadas de 1970 y 1980 para prevenir inundaciones, un problema de gran relevancia en el estado de Texas. Según documentos judiciales, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza planea reemplazar la pendiente de tierra del dique existente por un muro de concreto con paneles de bolardos de acero de 30 pies de altura. El distrito asegura que ha solicitado más información a la agencia, pero las autoridades respondieron que los detalles no pueden compartirse por motivos de “seguridad nacional”.
Laura Bakst, abogada de la organización Democracy Forward, que representa al distrito de Presidio, señaló: “Lamentablemente, aquí existe una larga historia de construcciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que causan o incrementan los riesgos de inundación”.
Por su parte, el gobierno argumenta que aún no existe un plan definitivo sobre la ruta o los métodos de construcción del muro, y asegura que tiene autoridad para eximir una amplia gama de regulaciones ambientales y de infraestructura para avanzar con el proyecto bajo el objetivo de reducir a cero los cruces fronterizos.
En ese esfuerzo por acelerar la construcción, tanto la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como el actual titular, Markwayne Mullin, han emitido exenciones masivas a requisitos que normalmente el gobierno federal debe cumplir para proteger el medio ambiente y sitios arqueológicos. Aunque una legislación del Congreso otorga al departamento autoridad para eximir ciertos requisitos con el fin de agilizar la construcción de muros fronterizos, los críticos señalan que el ejecutivo está excediendo lo previsto por el legislativo al aplicar exenciones amplias a lo largo de las 2.000 millas (3.200 kilómetros) de frontera.
Louis Katz, también abogado de Democracy Forward, advirtió que la forma en que el departamento está eludiendo leyes estatales y federales durante la construcción del muro constituye un “ejercicio extraordinario de autoridad”. En el caso específico de Presidio, el distrito argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional incumple la Ley de Ríos y Puertos, y que, a pesar de las exenciones emitidas, debía consultar previamente con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército antes de iniciar el proyecto.
En cuanto al calendario de construcción, un abogado del Departamento de Justicia indicó que es poco probable que las obras en la zona de Presidio comiencen a inicios de agosto, y que la fecha más probable se ubica entre finales de agosto y octubre. El secretario Mullin declaró ante el Congreso en junio que la capa preliminar del muro estará terminada “para estas fechas del próximo año”, mientras que el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, ha asegurado que la agencia construye actualmente 6 millas (10 kilómetros) de muro por semana.
El juez Reggie Walton, quien preside el caso, mostró escepticismo ante la afirmación del gobierno de que el objetivo es “cero cruces ilegales”, commentando que es “simplemente una realidad” que la gente siempre intentará cruzar la frontera. El togado indicó que emitirá su fallo la próxima semana.
Con información de Los Angeles Times.
