El Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, comienza a modificar la respuesta gubernamental frente a los problemas de seguridad que durante décadas afectaron a los municipios metropolitanos del oriente mexiquense, entre ellos Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán y La Paz.
Durante años, estos municipios enfrentaron delitos como robo de vehículos, extorsión y narcomenudeo con corporaciones fragmentadas, recursos desiguales e información dispersa. La estrategia federal parte de un diagnóstico elemental: ningún municipio puede garantizar por sí solo la seguridad de su población cuando forma parte de una de las zonas metropolitanas más grandes y complejas del mundo. Si la vida cotidiana de la población es metropolitana, la seguridad también debe serlo.
Uno de los instrumentos centrales del Plan es el Mando Unificado de la Zona Oriente, que articula las capacidades de las policías municipales, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía estatal, la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia. El modelo no sustituye las responsabilidades de los ayuntamientos ni debilita a las corporaciones locales, sino que suma capacidades, comparte información y actúa con objetivos comunes.
Los patrullajes preventivos, filtros de inspección y operativos focalizados se determinan mediante análisis de incidencia delictiva, identificando colonias, vialidades y horarios con mayor necesidad de presencia policial. La presencia uniformada responde ahora a una planeación estratégica y no únicamente a la reacción posterior al delito, lo que marca un cambio de enfoque frente a los operativos reactivos del pasado.
En el caso del robo de vehículos, que por las características urbanas de Nezahualcóyotl exige rastreo, identificación de inmuebles usados para desmantelamiento y persecución de redes que operan en varios municipios, la coordinación entre la Unidad de Investigación del Delito de la policía municipal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya ha permitido realizar cateos, asegurar vehículos y toneladas de autopartes con reporte de robo. Estos resultados muestran que la investigación profesional y el intercambio de información son más eficaces que los operativos improvisados.
La estrategia también incorpora inspección de motocicletas, uso de drones, sistemas de videovigilancia y bases de datos, con el propósito de detectar unidades robadas o vinculadas a delitos sin criminalizar a quienes utilizan legítimamente estos medios de transporte. Toda revisión se realiza con criterios objetivos, apego a la ley y respeto a los derechos humanos, reconociendo que una autoridad que incurre en arbitrariedades destruye la confianza ciudadana que necesita para cumplir su función.
El combate a la extorsión recibe atención especial. El cobro de piso a comerciantes, transportistas, propietarios de pequeños negocios y familias trabajadoras no solo afecta el patrimonio, sino que pretende imponer miedo y silencio en las comunidades. Enfrentarlo requiere mecanismos seguros de denuncia, protección a víctimas, inteligencia financiera y telefónica, coordinación con fiscalías y persecución de redes que incluso operan desde centros penitenciarios.
Además del despliegue policial, el Plan contempla Jornadas de Paz, Consejos de Paz y Justicia Cívica, programas de desarme voluntario y policía de proximidad, con el propósito de recuperar espacios públicos y ofrecer alternativas educativas, cultural y deportivas a las nuevas generaciones. La estrategia entiende que la paz también se construye desde la atención a las causas de la violencia y desde la infraestructura urbana: calles iluminadas, parques recuperados, senderos peatonales y vialidades en buen estado.
Los primeros resultados muestran que la coordinación metropolitana permite disminuir delitos de alto impacto. El Gobierno federal, el Gobierno del Estado de México y los ayuntamientos han coincidido en saldar una deuda histórica con la Zona Oriente, que durante años aportó trabajo y riqueza a la metrópoli y recibió infraestructura insuficiente a cambio.
Desde la perspectiva sonorense, el Plan Integral en el oriente mexiquense se inscribe en la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Sheinbaum, que en Sonora se traduce en presencia coordinada de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina en zonas estratégicas, así como en mesas de trabajo encabezadas por el gobernador Alfonso Durazo para atender la problemática de municipios conurbados como Hermosillo, Cajeme y Nogales. El modelo de mando unificado, la investigación profesional y la participación comunitaria ofrecen una ruta replicable para las zonas metropolitanas del noroeste, donde la movilidad cotidiana entre municipios exige respuestas que rebasen las divisiones administrativas.
Con información de El Heraldo de México.
